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BARCELONA

El fichaje de Neymar no sería irregular según el juez Ruz

Según fuentes jurídicas consultadas por ‘El Confidencial', el magistrado ha visto correctos los contratos que solicitó por la querella de un socio del Barça.

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El fichaje de Neymar no sería irregular según el juez Ruz

El juez Pablo Ruz, que instruye la querella presentada por el socio del Barcelona Jordi Cases contra el presidente del club, Sandro Rosell, no habría detectado posibles irregularidades en la contratación de Neymar, según fuentes jurídicas consultadas por ‘El Confidencial’.

El club azulgrana entregó la documentación sobre la operación, tal y como había solicitado la Audiencia Nacional, el 18 de diciembre y desde entonces está siendo analizada. Cases acusó a Rosell de apropiación indebida de 40 millones de euros de los 57 que pagó el Barcelona por el jugador.

El portavoz de la junta directiva azulgrana, Toni Freixa, entregó dos contratos del jugador Neymar Da Silva Santos Junior, correspondientes a los años 2011 y 2013, la Memoria Económica de la junta directiva del Barcelona de los años 2011, 2012 y 2013, que el magistrado había reclamado para investigar la querella sobre la supuesta ocultación a los socios del club de los contratos de fichaje del jugador.

En el auto en el que Ruz pedía estos contratos, el magistrado afirmaba que la Audiencia Nacional es competente para tratar este asunto por ser un presunto delito cometido por un español en el extranjero, ya que el dinero cuyo destino se cuestiona en la querella se habría ingresado en Brasil.

La querella afirma que el Barcelona contrató a Neymar por 57,1 millones de euros (17,1 millones en concepto de derechos federativos y 40 millones a la sociedad N&N), cantidad a la que habría que añadir 7,9 millones de euros por un acuerdo sobre tres jugadores del Santos (equipo en el que jugaba Neymar) y 9 millones de euros por dos partidos amistosos.

El querellante sostiene que ese contrato se mantiene oculto para los socios del Barcelona, por lo que no se conoce el destino real de los 40 millones de euros supuestamente pagados al jugador o sus representantes legales y le imputa así el delito de apropiación indebida.