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Barcelona

Histórica condena del Tribunal Supremo contra Joan Laporta

El Tribunal dicta un aval del 15 por ciento de las cuentas de la temporada 2002-03. El expresidente y siete directivos del Barcelona deben avalar 23 millones de euros.

Actualizado a
Joan Laporta.
Fernando Zueras

El Tribunal Supremo desestimó ayer el recurso de casación, el último posible, de Joan Laporta y siete de sus directivos contra la presentación de un aval que repare las pérdidas contabilizadas al cierre de la campaña 2002-03 que dicha Junta computó en el debe de la directiva anterior presidida por Joan Gaspart.

Nunca en la historia del Barça ocho días fueron tan importantes. Los que van desde la toma de posesión de la primera Junta de Laporta, el 22 de junio de 2003, hasta el cierre contable del ejercicio el 1 de julio del mismo año. Esos ocho días fueron contabilizados, a raíz de la denuncia del socio Vicenç Pla, como un año de mandato, con lo que esas pérdidas de 63,8 millones de euros fueron a recaer sobre las espaldas de los que cerraron el ejercicio. Es decir, Laporta.

El cerebro de esta operación y vicepresidente económico en la primera Junta de Laporta, Ferran Soriano; el actual presidente, Sandro Rosell (vicepresidente deportivo en aquella época), así como otros directivos relevantes como Marc Ingla, Albert Vicens o Josep Maria Bartomeu han quedado exonerados de la demanda al no haberse presentado junto a Laporta a la renovación del mandato en el 2006.

Así que la sentencia del Supremo condena a Laporta, Godall, Ferrer, Castro, Boix, Cubells, Yuste y Perrín a presentar solidariamente un aval de 23,2 millones, lo que supone una cuota personal que asciende a 2,9 millones.

LFP. El origen del lío legal se sitúa cuando José Luis Astiazarán, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, liberó a la directiva del Barça­ de la presentación de dicho aval al considerar que la suma de los anteriores superávits (excluyendo el del curso 2002-03, que era inicialmente imputado a Gaspart) superaba el 15 por ciento del presupuesto de gastos. Los jueces le han quitado la razón.

Todo depende de Vicenç Pla

El futuro económico de Laporta y sus siete directivos está ahora en manos del hombre que les demandó, Vicenç Pla, que debe decidir si se ejecuta o no la sentencia. De hecho, Pla se reunirá hoy con su abogado, Javier Leiva, para planear la estrategia a seguir en adelante. En unas declaraciones recogidas por Mundo Deportivo, el socio aseguró: "Acojo la resolución con satisfacción y estoy contento porque es el club el que gana". Si decide seguir adelante, paralelamente se activará la demanda interpuesta por la Junta de Sandro Rosell que deriva de la Acción de Responsabilidad Social contra Laporta por la que se le reclaman 47,6 millones de euros.