El Gobierno argentino estudia la posibilidad de suspender los torneos profesionales de fútbol en el país a causa de los hechos violentos que se producen habitualmente en los estadios y sus alrededores, los cuales causaron la muerte de cuatro personas en lo que va de año.
Fuentes gubernamentales indicaron que representantes de varias áreas del Ejecutivo se reunirán mañana con los jefes de las policías federal y provinciales para analizar la situación, que las fuerzas
del orden no logran controlar. La reunión, que se celebrará en la Casa Rosada (sede del gobierno), ha sido acordada por el ministro del Interior, Rodolfo Gabrielli, y el secretario de Seguridad, Juan José Alvarez.
Al menos veinte heridos, uno de ellos hospitalizado en grave estado, y alrededor de cuarenta detenidos ha sido el resultado de los hechos violentos ocurridos el domingo pasado, en la quinta jornada del torneo Clausura de la Primera División del fútbol argentino, especialmente en los partidos River-Nueva Chicago y Chacarita-Boca Juniors.
El vicepresidente de Chacarita Juniors, Armando Capriotti, opinó hoy que si la violencia continúa "debe suspenderse el fútbol, porque ya son muchos los hechos penosos y graves que están ocurriendo". El dirigente reconoció que los simpatizantes de su equipo se enfrentaron ayer las tribunas del estadio donde se jugó el partido (del club San Lorenzo) y dijo que el problema se generó cuando la policía le negó la entrada a un grupo de hinchas de su equipo que portaban banderas y bombos, algo que no hizo con los del Boca, lo que ocasionó la reacción de aquellos.
Los medios de prensa de Buenos Aires coinciden hoy en que el partido Chacarita-Boca hubo muy poco público (se vendieron sólo 5.000 boletos) y que la razón ha sido "el miedo" de los aficionados a que ocurrieran hechos de violencia. Una batalla campal se produjo entre hinchas del Nueva Chicago y el River Plate a pocos metros del estadio riverplatense, antes del partido entre ambos equipos, debido a lo cual al menos 18 personas fueron ingresadas en hospitales con heridas de distinta consideración.
Testigos del hecho dijeron que las calles donde se produjeron los choques eran "territorio de nadie", que "había mucha gente aterrorizada que escapaba del lugar como podía" y que los protagonistas del choque "tenían intenciones de matarse entre ellos". Una fundación privada denunció ante la Cámara del Crimen la "coacción, amenazas y extorsión" sufridas por los futbolistas del San Lorenzo durante un entrenamiento de la semana pasada. En la denuncia presentada por la fundación Fair Play (juego
limpio) se responsabiliza a los directivos del club azulgrana, quienes habrían "apañado" la acción de los hinchas violentos que amenazaron al jugador Raúl Estévez por no haber firmado su contrato con la entidad deportiva, por lo cual su cartilla quedará en su poder a mediados de este año.
La Fundación Fair Play pidió a la Justicia en 1998 la suspensión del fútbol por los hechos de violencia ocurridos en ese entonces. El magistrado Víctor Perrotta hizo lugar a la denuncia y dispuso la inactividad futbolística en el país durante varias semanas. Desde que comenzó el año, los choques entre hinchas de fútbol provocaron, además de la muerte de cuatro personas, heridas a alrededor de 500, numerosos destrozos de comercios y elementos públicos y la apertura de apenas una decena de causas judiciales.
