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FEDERACIÓN

Caso Haití: el Congreso estudia si hubo corrupción en la RFEF

Galán (denunciante) ha puesto el informe técnico del CSD en manos de los partidos y de la justicia. Varios trabajadores de la Federación podrían haber desviado dinero para sus empresas.

Actualizado a
Ángel María Villar.
JUAN FLORDIARIO AS

La polémica sigue rodeando a la precampaña electoral que acaba de arrancar para las elecciones a la Federación. Tanto la institución como su presidente están bajo la lupa por supuesta prevaricación, malversación de fondos públicos y apropiación indebida en el llamado ‘caso Haiti que les ha llevado ya, según los abogados del denunciante (el precandidato Miguel Ángel Galán), a estar imputados (aún no hay notificación oficial). La gran novedad de la investigación que lleva el juzgado de instrucción de Majadahonda es que el propio Galán ha recibido el Informe Técnico de reintegro que solicitó, realizado el enero de 2017 por la FEF al CSD, tras la subvención pública concedida por Zapatero en 2010 y que no se destinó al fomento de políticas transversales como estaba acordado en varios países necesitados. En total 1.560,931,13 euros (a la subvención inicial hay que sumarle 338.431,13 euros por intereses de demora), entre los que se incluyen los 219.500 euros de Haití. Tras apreciarse varias irregularidades reconocidas por el CSD, Galán ha trasladado al Congreso de los Diputados este escándalo para que los partidos políticos hagan de este caso un asunto de Estado por supuesta corrupción.

Haití era uno de los cuatro proyectos por los que la Fundación de la FEF recibió la subvención, alguno de ellos para promover la candidatura de España al Mundial 2018. Los otros tres consistieron en una subvención de 462.000 euros para un ‘Programa de educación integral’, otra de 287.000 para ‘Campus de Tecnificación internacional’ y una más, de 254.000, para la “Captación de gestores de clubes y federaciones en Iberoamérica’. Pues bien, en un párrafo del informe del CSD con más de 200 documentos al que ha tenido acceso AS, se pone de relieve que en el futuro podría haber más investigados: “(…) Las empresas encargadas de la puesta en marcha del curso y del desarrollo de la plataforma virtual son Alianza de Empresas de Comunicación (AEC) (por 24.665,26 euros) y Digital ART (33.401,10 euros). Se solicitó a la FEF la presentación de tres ofertas y alegó que estas empresas no presentan servicios de consultoría ni asistencia técnica y que, si lo fueran, no existen en el mercado suficientes empresas que realicen este trabajo. (…)”. El informe rechaza estas justificaciones.

Y además, añade en algunos de los proyectos concretos: “(…) Respecto a la solicitud de tres ofertas en los casos de Alianzas de Empresas de Comunicación, AEC, (gasto total de 112.400 euros) y DEPE SL (gasto total de 85.000 euros) alegan que no son servicios de consultoría, y aportan nuevas facturas. Estas facturas no coinciden con la que enviaron en un principio; y en cuyo concepto se podía leerla palabra “Consultoría”. Las fechas de las facturas están fuera del periodo de realización de actividades, que finalizaba en agosto de 2011. En el caso de ambas empresas, como aspecto significativo, se ha comprobado que existe cierta vinculación con la FEF. El Administrador Único de la empresa AEC es Joaquín de Ramos, el que también es a su vez Director de Proyectos y Desarrollo de la Fundación de la FEF. Por otra parte, el Administrador único de DEPE SL es José Javier Sobrino Toro, Director de Módulo de Gestión de Eventos Deportivos en el Curso Superior de la URJC, CIES Y FEF”. Y concluye: “Se ha imputado a esta actividad las nóminas de dos administradores de la Fundación de la Federación durante varios meses, desde agosto hasta a marzo”.

El informe aclara también que la FEF pidió retrasar la justificación de sus inversiones, que aportó como gasto de material 108.378,13 euros cuando en un principio se iban a destinar 10.800 euros, que las facturas son dudosas y que todas llegaron fuera plazo.

Jorge Pérez, otro de los tres precandidatos a las elecciones imputado junto a Villar, Padrón, Maté y Castillón en el ‘Caso Recre’ por el que declararán el 2 de marzo) también aparece en el informe del CSD. El exsecretario general firmó varias de estas subvenciones en representación de la FEF. Por todo ello, Galán, ante la gravedad de los hechos, ya ha pedido al secretario de Estado, José Ramón Lete, que en caso de que se confirmen las sospechas inicie los trámites para inhabilitar de inmediato a Villar a través del Tribunal Administrativo del Deporte.