Bruselas y el IVF ponen al Consejo contra las cuerdas
El ente valenciano, a instancias de la Comisión Europea, exige al Elche CF que pague 4’1 millones de euros como fecha límite el 5 de noviembre; si no cumple, se procederá al embargo.
La cuenta atrás ha comenzado. El Elche CF tiene de tiempo hasta el 5 de noviembre para encontrar la vía de escape al nuevo jaque que le ha puesto sobre el tablero el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). Y, esta vez, el ente autonómico juega con piezas maestras. La Comisión Europea (CE) exige el pago de 4’1 millones de euros en 21 días. De lo contrario, el IVF procederá al embargo de cuentas, derechos económicos y todo lo que se ponga a su alcance para garantizar la recuperación del dinero público que se exige al club ilicitano desde Bruselas por haberse beneficiado de unos avales “ilegales e incompatibles”, según reza la resolución, que le permitieron obtener dos créditos por una suma de 14 millones de euros con intereses por debajo del valor de mercado.
El banco autonómico notificó al Elche CF el pasado 26 de septiembre que debía devolver a las arcas públicas la cantidad de 4.106.906’51 euros, de los que 3.688.000 euros son en concepto de capital y 418.906’51 euros corresponden a intereses. La decisión de la CE, adoptada el 4 de julio, fue trasladada al IVF dos días después. En el artículo 3 y 4 del comunicado trasladado desde Bruselas se dispuso que el Reino de España debía ejecutarla en el plazo de cuatro meses tras la adopción de la resolución, así como informar a la Comisión, en el plazo de dos meses tras su notificación, los datos relativos al importe total (principal e intereses) que debía recuperarse de cada beneficiario (Valencia, Hércules y Elche).
La situación pasa a ser muy delicada para los tres clubes de la Comunidad Valenciana que están implicados, puesto que el Derecho comunitario está por encima del español y, por tanto, la ejecución es exigible en la fecha prevista. En el caso del Elche CF no parece que el concurso de acreedores en el que se encuentra inmerso vaya a servirle de paraguas ante la tormenta que se le avecina. El Consejo de Administración abrirá la semana que viene un incidente concursal para que el juez José Luis Fortea decida qué calificación debe tener este crédito. Pese a que la entidad franjiverde apelará a que sea subordinado – considera la decisión de recuperación de dinero público como “intereses” de los créditos recibidos por la Fundación - la CE se muestra firme y exigirá que sea contra la masa, a pagar como fecha límite el 5 de noviembre.
Si el Elche CF no cumple, el IVF está obligado a recuperar el dinero que Bruselas exige y se verá abocado a embargar cuentas, derechos económicos o cuantas propiedades tenga a su alcance para ingresar esos 4’1 millones de euros. A la entidad franjiverde le queda la opción de presentar un recurso de reposición u otro por la vía contenciosa-administrativa. Además, el club ilicitano defiende que la CE no ha comunicado oficialmente la sanción y que solo le ha llegado de forma directa la vía de apremio para el cobro. El mismo proceso es el que se ha dado con el Valencia y el Hércules. La entidad de Mestalla tiene fijada la fecha del 12 de noviembre y ha recurrido ante el Tribunal de Luxemburgo, además de abrir un proceso paralelo en los juzgados de Valencia. Peter Lim ha puesto el asunto en manos de su despacho de abogados en Londres. Como mal menor espera garantizar el pago con un aval de 23 millones de euros como escudo hasta que la sentencia sea firme. El caso del Hércules es más dramático aún, con el equipo en Segunda División B y el estadio en propiedad de Aligestión, empresa de Enrique Ortiz, su accionista mayoritario. Debe afrontar el pago de 7 millones de euros.
El primer recurso, desestimado
En la notificación remitida por el IVF al Elche, el Banco Público de la Generalitat Valenciana da a conocer los detalles del recurso que presentó la entidad que preside Diego García. Las alegaciones se basaron en tres puntos. El primero, en la falta de potestad administrativa del IVF para la ejecución de una decisión de la CE. En segundo lugar, que la vía de ejecución regular es la administrativa y debería recaer sobre la Tesorería de la Generalitat Valenciana “por imponerlo así el artículo 68 de la Ley 1/2015 de Hacienda Pública, del Sector Público, Instrumental y de Subvenciones”. Y, por último, que hay duplicidad en la reclamación de las ayudas del IVF al existir otra ejecución “forzosa” mediante la subasta notarial tramitada contra la Fundación del Elche CF y que fue suspendida como consecuencia de los recursos presentados por la entidad franjiverde.
Los dos primeros argumentos han sido desestimados porque, según los principios de la Unión Europea, cuando se adoptan decisiones negativas en casos de ayuda ilegal “la Comisión decidirá que el Estado miembro interesado tome todas las medidas necesarias para obtener del beneficiario la recuperación de la ayuda”. El Estado, en este caso el Reino de España, ha encomendado esta misión al Consell valenciano. El tercer pilar del recurso no ha sido atendido porque el procedimiento para la ejecución de la prenda, por el incumplimiento del crédito que tienen como aval el 54’73% de las acciones de la entidad, no choca con la recuperación del dinero público que ha ordenado la CE, que nada tiene que ver con el procedimiento administrativo al que se refiere el Elche CF.
Tres semanas de plazo
Ahora el Consejo de Administración del Elche CF tiene tres semanas por delante para defenderse del último movimiento del IVF, respaldado desde la Comisión Europea. El peor escenario podría dejar al club ilicitano con sus cuentas bloqueadas y poniendo en peligro la actividad económica de la entidad, que está en concurso de acreedores y pendiente de aprobar un convenio de cumplimiento para salir adelante. Además, los recursos a los que tiene acceso el Elche CF, según puede suceder también el Valencia CF y el Hércules CF, no frenarían la obligación de pago. También cabe recordar que el IVF llegó a un acuerdo con un grupo inversor extranjero, Skyline International, que garantizaba mediante un depósito notarial, el cumplimiento de esta ‘sanción’. El enroque del Consejo de Administración le obliga ahora a dar un paso al frente para encontrar una solución a este nuevo problema.
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