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EL CSD SE PONE DURO

Cardenal enciende la mecha para inhabilitar a Villar y Sáez

El CSD abre expediente por administración desleal a los presidentes de fútbol y baloncesto. Juan Padrón y Luis Giménez también han sido encausados.

Actualizado a
Miguel Cardenal pidió ayer la inhabilitación de Villar por irregularidades en el Caso Recre y Marino y cuatro años de continuos desencuentros.
Pepe Andrés

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha iniciado el proceso de inhabilitación de los presidentes de las dos Federaciones más importantes de España, la de fútbol (FEF) y la de Baloncesto (FEB). En los dos casos, el CSD solicita al TAD que incoe expedientes disciplinarios a los presidentes de ambas federaciones, Ángel María Villar y José Luis Sáez, así como al vicepresidente adjunto a la presidencia para Asuntos Económicos de la FEF, Juan Padrón, y al secretario general-director económico de la FEB, Luis Giménez.

Sáez ya anunció que no se presentará a las elecciones para ser reelegido en la FEB, pero Villar mantiene su candidatura para ser reelegido en la FEF, en la que lleva 28 años de presidente. Miguel Cardenal, secretario de Estado para el Deporte, ha iniciado el proceso de inhabilitación de ambos dirigentes por supuesta administración desleal, además de otros cargos. Los plazos apuntan a que Villar y Sáez podrían ser inhabilitados por un mínimo de dos años. El TAD podría tener lista la sentencia el próximo día 26, fecha en la que se celebran las elecciones de la FIFA, organización en la que Villar podría perder el cargo de vicepresidente si es suspendido por irregularidades administrativas por el Gobierno.

A Villar se le acusa de haber favorecido al Recreativo de Huelva con un crédito puente y al Marino de Tenerife con un préstamo para liquidar atrasos con varios jugadores.

Préstamos. La FEF financió a través del Comité Nacional de Entrenadores (CNA) a la entidad onubense para que liquidara la deuda que mantenía con su exentrenador, José Luis Oltra, por importe de 216.134,58 euros. La maniobra salvó al Recre del colapso, pero fue ilegal. En el caso del Marino, fue la Asociación de Futbolistas Españoles la que hizo de puente para el crédito. Así lo señala la nota que el CSD hizo pública anoche: “El CSD ha remitido el asunto al TAD tras haber comprobado la documentación y las alegaciones correspondientes a los casos del Recreativo de Huelva S.A.D. y del Club Deportivo Marino Tenerife-Sur. Del análisis de dicha información se desprende que la actuación federativa ha podido ocasionar un agravio comparativo y un menoscabo del principio de igualdad de los clubes al adulterar gravemente la competición, lo que pondría en cuestión la imparcialidad de los responsables federativos a la hora de tratar a sus asociados. Igualmente podría constituir una actuación para eludir el cumplimiento de la propia normativa de la RFEF (artículos 49.1 y 192.1 párrafo cuarto del Reglamento General de la RFEF en el caso del Recreativo de Huelva S.A.D; y artículo 192.2 g) del Reglamento General de la RFEF para lo concerniente al Club Marino Tenerife-Sur)”.

Es muy posible que Villar, si cuaja la inhabilitación, decida recurrir la suspensión por la vía de los juzgados. Siempre ha defendido que los asuntos deportivos deben sustanciarse en los tribunales deportivos, pero todo apunta a que esta vez, si finalmente resulta inhabilitado como parece probable, recurrirá a los jueces de lo contencioso administrativo. Es por ello que ya ha puesto su caso en manos de un despacho especializado en este tipo de pleitos en los que además tiene el Gobierno es parte.

Aparte, el Consejo Superior de Deportes ha remitido al TAD el caso de la Federación Española de Baloncesto tras la revisión de las alegaciones que sus dirigentes presentaron como respuesta a la denuncia interpuesta por el Presidente de la Federación Catalana de Baloncesto el pasado 27 de noviembre. Sin que este paso obstaculice el normal desarrollo de la auditoría que se está realizando a las cuentas de la FEB, el CSD estima que la imputación de gastos particulares a las cuentas de la Federación, aunque hayan podido ser compensados con posterioridad, podría suponer una incorrecta utilización de los fondos federativos.