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FEDERACIÓN | 'CASO CIUDAD DEL FÚTBOL'

El Supremo dicta la absolución para el exalcalde de Las Rozas

Bonifacio de Santiago y otros siete ediles estaban acusados de desobediencia y prevaricación administrativa continuada por no ejecutar una sentencia de 2004.

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Bonifacio, con corbata verde, en 2000. delante del proyecto de la Ciudad de Fútbol de Las Rozas.
FOTO © RFEF

El Tribunal Supremo ha confirmado la absolución del exalcalde de Las Rozas Bonifacio de Santiago y otros siete ediles de los delitos de desobediencia y prevaricación administrativa continuada por no ejecutar una sentencia de 2004 sobre la Ciudad del Fútbol.

La Sala de lo Penal del Supremo ha rechazado el recurso de casación interpuesto por la Fiscalía contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que absolvió al exalcalde y a los concejales Francisco Javier Espadas, Antonio Garde, Isabel Grañeda, Gema Matamoros, Pedro Núñez Morgades, José Ramón Ruiz y José Luis Alvarez de Francisco.

El Supremo considera que "los errores" en la actuación del alcalde y los concejales estaban apoyados por informes y posteriormente han sido corregidos por la jurisdicción contencioso-administrativa.

A su juicio, ninguno de esos errores tienen consecuencias tipificadas en el Código Penal.

En mayo de 2015, el TSJ de Madrid absolvió a los ocho acusados -todos ellos del delito de prevaricación y el exalcalde también de desobediencia- al entender que en sus decisiones no había una voluntad inequívoca de incumplir la sentencia sobre la ciudad del fútbol de 2004.

Los magistrados entendieron que las diferentes tramitaciones y autorizaciones derivadas de la concesión de suelo público a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), anulada en la citada sentencia, ni abocaron a un "grave quebranto" de los intereses generales de la localidad ni se adoptaron "en la conciencia y el propósito de transgredir la legalidad".

Según entienden los magistrados, estas decisiones daban una solución "provisional" a varios problemas que de súbito se encontró el ayuntamiento como la imposibilidad de gestionar directamente las instalaciones y la posible reclamación "cuantiosísima" de responsabilidad patrimonial por parte de la RFEF.

También al hecho de que el municipio defendía entonces la legalidad de la concesión ante los tribunales de lo contencioso-administrativo, que en "ningún momento" habían obligado al desalojo material de la RFEF de los terrenos.

Durante el juicio, la Fiscalía acusó al exalcalde de prevaricación y desobediencia y pidió para él diez años de inhabilitación; mientras que para Francisco Javier Espadas López Terradas, José Luis Alvarez de Francisco, Gemma Matamoros Martínez, Juan José Ruiz Fernández y Antonio Garde Fernández Fontecha solicitó nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa.