Lopera: "Bosch Valero cumple su obligación"

En encuentro con un grupo reducido de periodistas, Manuel Ruiz de Lopera, que aún es nominalmente el accionista mayoritario del Real Betis Balompié, expresó sus puntos de vista sobre la situación deportiva y financiera de la entidad y sobre sus procesos judiciales. Durante la conversación, Ruiz de Lopera dejó claro a AS que José Antonio Bosch Valero, que administra por orden judicial las acciones del mismo Lopera, "está cumpliendo con su obligación".

Ruiz de Lopera rechaza frontalmente los cargos que apuntan a su presunto enriquecimiento a costa del Betis y se limita a señalar que su patrimonio 'no ha cambiado, sigue siendo el mismo'. Lopera ofreció a AS documentación del Registro Mercantil donde se constata el apunte oficial de que la Sociedad Tegasa, bajo control del máximo accionista del Betis, donó al club un total de 8.346.570 euros (más una añadidura de 59.855 euros), cantidad relacionada con las obras de reconstrucción del actual Estadio Benito Villamarín. Ese apunte del Registro Mercantil quedó refrendado en la Junta de Accionistas del Betis del 27-12-2011.

Lopera también documentó que, en fecha 6-7-2010, el Betis disponía de recursos activos en cuentas bancarias que ascendían a 19.794.150 euros. El total de activos de la entidad ascendía a 180 millones de euros, contra una deuda total de 85 millones. Sobre esa deuda, Lopera y sus asesores explican: "22 millones de euros se trataban de reclamaciones de Hacienda. El bufete de Miguel Ángel Garrido ha conseguido rebajar esas reclamaciones en 18 millones".

Víctima.

Lopera se siente víctima de un trato injusto ("¿por qué he de sufrir yo este castigo?", se pregunta) y niega rotundamente que sus asesores judiciales estén demorando la instrucción del Juzgado Número 6 de Sevilla. Un auto de la Sección Primera de la Audiencia Provincial sevillana, el 4-7-2011, notifica a ese Juzgado Número 6 (Mercedes Alaya) que debe revocar una resolución anterior de ese juzgado donde se denegaba que los informes periciales detallaran las partidas de gastos donde presuntamente podría haberse enriquecido Lopera. Posteriormente, la ampliación de esos informes periciales detalló que los presuntos 'gastos innecesarios' en que habría incurrido la gestión de Lopera serían 'el equipamiento del gimnasio del estadio, los vuelos chárters del primer equipo y los pagos al personal contratado para abrir el campo los días de partido'. "Una vez obtenido el detalle de los gastos que avaló el auto de la Audiencia, la marcha de la instrucción ya sólo depende de la mecánica del juzgado que se ocupa de los autos", matizaron fuentes judiciales a AS.

Lopera sostiene que la actividad económica del Betis sigue manteniéndose operativa gracias al cordón umbilical del contrato televisivo de 140 millones de euros que él consiguió cerrar antes de su marcha. Adicionalmente, el empresario de El Fontanal observa que cuando en 2010 se cifró en 85 millones de euros la deuda del club no estaban contabilizados los ingresos generados por los traspasos de Emaná (cinco millones de euros) y Sergio García: nueve millones y medio. "Pero Iriney se ha ido por dos gordas y también da la impresión de que Beñat también estará vendido dentro de poco; a pesar de todo, en 20 juntas generales desde que yo cogí el club, ningún auditor ha podido encontrar nada raro sobre mi gestión, ni estando yo, ni sin mí", reflexionó Lopera en voz alta.

Remontándose en el tiempo, Lopera estima que en 1992, cuando él se hizo cargo del Betis, la entidad estaba abocada a la desaparición, en vista de sus deudas, su falta de liquidez y el precontrato de venta del estadio que se había firmado con la entidad inmobiliaria Proinsur. Cree que 'si las gestiones y firmas que entonces se hicieron hubieran sido fraudulentas, a ver cómo entonces se sumaron a ellas algunos de los que después las han denunciado'.

Manuel Ruiz de Lopera mantiene la confianza en que sus argumentos legales harán caer de su lado todos los procesos judiciales que se han sustanciado contra él. Tampoco le inquieta el embargo cautelar decretado por el Juzgado Mercantil Número 1 de Sevilla sobre 36.869 de las acciones del llamado 'paquete mayoritario', el que siempre tuvo bajo su control. Él, Lopera, piensa que puede desbloquear esas acciones en cualquier momento, en cuanto cumpla una serie de exigencias legales. Pero, aunque recuperara los llamados 'derechos políticos' sobre las acciones, Manuel Ruiz Lopera, accionista mayoritario del Real Betis Balompié no se plantea ahora reaparecer como cabeza visible de la entidad: su idea pasa por arropar, cuando llegue la hora, a personas de su más profunda confianza. El resto dependerá sólo de los juzgados.

La jueza Mercedes Alaya, de baja por estrés

Los casos que instruye la jueza Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de Sevilla, vienen siendo tramitados en estos momentos por un juez suplente: Iván Escalera. Alaya, que se ocupa de la demanda contra Manuel Ruiz de Lopera, más los procesos relacionados con el 'Caso Mercasevilla' y los presuntos 'ERES' fraudulentos, se encuentra de baja por estrés. No es la primera vez que los efectos de la intensidad del trabajo ocasionan consecuencias materiales en 'el status' de Alaya. En ausencia de Mercedes Alaya, Iván Escalera ha ido tomando medidas que contrastan frontalmente con otras anteriores de la misma Alaya: esencialmente, la rebaja de fianzas a imputados en los ERES.

Los demandantes no pueden ser consejeros del club verdiblanco

Ninguno de los firmantes de la demanda que imputa a Ruiz de Lopera por presunto delito societario podría ser legalmente, bajo las actuales circunstancias, consejero de administración del club de Heliópolis. Corporativa y formalmente, los demandantes fueron la Asociación de Béticos por el Villamarín, la Asociación Liga de Juristas Béticos y la Asociación Por Nuestro Betis. Todas esas asociaciones quedaron representadas documentalmente por una serie de personas físicas ante el Juzgado de Instrucción Número 6 de Sevilla. En caso de que los administradores de la sociedad anónima verdiblanca dieran entrada en el Consejo de la entidad a alguna de esas personas, el juzgado debería atender un requerimiento notarial pidiendo el veto de cualquiera de esos nombramientos. Las medidas cautelares que dictó el 16-7-2010 la jueza Mercedes Alaya, titular de Instrucción Número 6, se han extendido de forma inusual: el tiempo máximo de la peor medida cautelar, la prisión preventiva, no puede alargarse más allá de dos años. En el caso de Lopera, tales medidas ya superan los dos años y tres meses, pero la Audiencia Provincial ha negado reiteradamente el levantamiento de las medidas.