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Audiencia: la ampliación de capital de 2003, anulada
Estimó parcialmente el recurso presentado por los opositores. El Atlético anuncia que acudirá al Supremo y asegura que la resolución no pone en discusión la propiedad del club.
La Audiencia Provincial de Madrid estimó parcialmente el recurso interpuesto por la oposición atlética contra la ampliación de capital de la entidad en 2003 y declaró nula la junta general en que se aprobó. Anteriormente, el juzgado de primera instancia número 74 de Madrid había dado la razón al Atlético, en sentencia de 30 de abril de 2009. El Atlético analiza el nuevo escenario, pero anuncia que la resolución no es firme, que apelará ante el Tribunal Supremo y que no se pone en duda la propiedad del club.
La junta de accionistas del Atlético, con el club aún bajo intervención judicial, aprobó una ampliación de capital en junio de 2003 por valor de 36 millones de euros con el fin de recuperar el equilibrio patrimonial y disponer de tesorería suficiente para afrontar sus compromisos a corto plazo. La Audiencia Nacional autorizó la ampliación con la condición de que Jesús Gil y Gil y Enrique Cerezo depositaran 10.681.000 euros, correspondientes al capital social que suscribieron en el momento de constitución de la sociedad el 30 de junio de 1992 y que, según la oposición, no desembolsaron. Como el asunto estaba en el Supremo, la Audiencia exigió esa garantía, requisito que Gil y Cerezo cumplieron. Posteriormente, el alto tribunal dio la razón al club al considerar que el caso había prescrito, pero esa cantidad siguió formando parte del capital social del club.
La Audiencia autorizó también que más de 22 millones de euros de deuda que el club había contraído con Gil y Cerezo fuesen canjeados por acciones. También formaron parte de la ampliación más dos millones de euros en aportaciones dinerarias.
En 2004 se aprobó una operación acordeón, no recurrida ante los tribunales, que redujo el capital social a 6 millones y lo amplió después hasta 24. Según la versión del club, ese 75 por ciento de la propiedad (los 18 millones de diferencia) no se ve afectados por la sentencia de la Audiencia Provincial y, por tanto, no está en discusión la mayoría accionarial del Atlético.